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El Gobierno Vasco ha presentado un recurso de súplica ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el archivo de la querella que había presentado contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, por la prohibición de una manifestación en Bilbao el 14 de septiembre...
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FUENTE: EFE
Según confirmaron hoy a Efe fuentes del Ejecutivo vasco, el recurso fue presentado el pasado lunes, día en el que acababa el plazo para hacerlo, al estimar que el auto notificado el pasado jueves "no entraba en el fondo de la cuestión" de la querella.
Dichas fuentes insistieron que pese a que en el auto se afirma que la decisión de Garzón era "razonada y razonable" no se dice por qué lo considera así, pese a que cita reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se sostiene que la restricción de derechos fundamentales como el de reunión debe estar en todo caso "muy fundada".
El Tribunal Supremo decidió archivar las querellas presentadas por el Gobierno Vasco y cuatro particulares contra el juez de la Audiencia Nacional, al considerar que la decisión adoptada en la resolución del juez Garzón "aparece perfectamente razonada y razonable" y señala que los hechos objeto de ambas querellas, que fueron acumuladas, "ni siquiera indiciariamente" son constitutivos de delito.
El Gobierno Vasco presentó el pasado 17 de octubre una querella contra Garzón por estimar que había cometido un delito de prevaricación en un auto del 12 de septiembre en el que el Ejecutivo autonómico consideraba que había vulnerado el derecho constitucional de reunión, al extender "arbitrariamente" a supuestos no contemplados en el auto del 26 de agosto por el que se acordó la suspensión de actividades de HB-EH-Batasuna.
En el auto de Garzón se señalaba que la manifestación convocada en Bilbao era ilícita por ser contraria a la suspensión de actuaciones de Batasuna y disponía que esta circunstancia fuera comunicada al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, "a fin de que tome las medidas oportunas para prevenir la legalidad y el cumplimiento de sus resoluciones judiciales".
Para el Gobierno Vasco, con esta resolución el juez cometió un delito de prevaricación dolosa, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta.
La Fiscalía se opuso a la admisión de la querella por considerar que el Ejecutivo vasco no estaba legitimado para ejercer tal acción.
Por el contrario, el Tribunal Supremo sí reconoció al Gobierno autonómico esta legitimación, ya que hay que "asumir una interpretación amplia de las expresiones con las que en cada caso se denomine al titular de los derechos constitucionalmente reconocidos".
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Enviado por: pprocesalcom el Lunes, 03 de Febrero de 2003 - 01:46 AM CET
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