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El Pleno del Congreso aprobó ayer las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Firma Electrónica con lo que finaliza el trámite de esta norma, que adaptará en breve a la normativa nacional la directiva comunitaria sobre esta materia y sentará las bases para el DNI digital, cuya puesta en marcha está prevista para los primeros meses de 2004. La mayoría de modificaciones introducidas en la Cámara Alta contaron con el único apoyo del Partido Popular y Coalición Canaria, levantando duras críticas entre los escaños de la oposición por el trámite seguido. Desde PSOE, IU y CiU se exigió respeto democrático, y se acusó al PP de menosprecio y falta de generosidad política, al rechazar todas las propuestas de la oposición.
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En cuanto al contenido en sí de la ley, el PSOE criticó que no respete la libre competencia en la prestación de servicios de certificación ni fomente el desarrollo de estándares europeos y, en cambio, sí crea un proceso ineficaz de la solicitud de firma. Sin embargo, la principal crítica socialista es que la Ley no garantiza el no repudio a toda firma reconocida, de tal forma que los ciudadanos se pueden encontrar con que una administración pública le niegue, unilateralmente, la validez de un certificado reconocido que ya ha pagado, al haber sólo dos certificados genéricos: el DNI electrónico, el único de aceptación obligatorio, y el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Desde IU se criticó la enmienda a la LSSI "como de costumbre" con la aprobación de la nueva ley de firma electrónica, y no mediante una propuesta que se pueda debatir en el Congreso. Sin embargo la nueva ley cuenta con mayor seguridad jurídica por la incorporación de referencias a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la regulación de la validez de la firma electrónica ante los tribunales.
Según el portavoz popular, Juan Manuel Moreno, el proceso de aprobación de esta ley ha sido "largo, debatido y se ha hecho en tiempo y forma", puesto que ya se presentó en la legislatura anterior pero decayó cuando terminó el mandato de las Cortes en marzo de 2000. Cabe recordar que el Gobierno tardó más de tres años en remitir su nuevo proyecto de ley a las Cortes. Asimismo defendió la inclusión del DNI electrónico dentro de esta ley porque hace uso de los instrumentos de firma electrónica.
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Enviado por: pprocesalcom el Martes, 16 de Diciembre de 2003 - 11:47 AM CET
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