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Comas presentó, junto con el director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, los datos provisionales del primer mes de aplicación de la orden de protección, que habilita a los jueces de instrucción a dictar, en un plazo máximo de 72 horas, todas las medidas cautelares de carácter civil y penal que amparan a las víctimas de malos tratos y a solicitar de las Administraciones Públicas las medidas sociales y económicas de las que son beneficiarias.
Del total de órdenes solicitadas, los jueces adoptaron medidas en un 77 por ciento de los casos y las denegaron en un 23 por ciento. Entre las medidas acordadas, en 362 ocasiones fueron de carácter penal (como el alejamiento del agresor) y civil (disfrute del domicilio familiar, patria potestad de los hijos, pensión alimenticia). Mientras, en 648 solicitudes se acordaron medidas sólo de carácter penal y en 64 ocasiones sólo de carácter civil.
ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID
Por comunidades autónomas, la región donde se solicitaron más órdenes de protección fue Andalucía, con 237; seguida de Cataluña, con 231; Comunidad de Madrid, con 198; y Comunidad Valenciana, con 108. En Canarias se presentaron 97 solicitudes; en País Vasco, 86; en Castilla y León, 83; en Castilla-La Mancha, 66; en Islas Baleares, 64; en Galicia, 62; en Aragón, 39; en Murcia, 29; en Cantabria y La Rioja, 21, respectivamente; en Extremadura, 19; en Asturias y Navarra, 10, respectivamente, y en Ceuta, 9.
En cuanto a Melilla, los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no registran ninguna solicitud, aunque Comas precisó que no todos los jueces decanos han respondido a la solicitud de información del CGPJ por lo que no se puede asegurar que no se haya producido ninguna solicitud. Al mismo tiempo, Dorrego señaló que los porcentajes de órdenes acordados en cada comunidad no son analizables desde un punto de vista técnico puesto que los datos son todavía muy reducidos.
Entre las grandes ciudades, destaca Madrid, en la que en un mes se han solicitado 105 órdenes de protección. Muy de lejos, le sigue Sevilla, con 37, y Alicante, con 31. Mientras, en Palma de Mallorca, se han registrado 29 solicitudes; en Bilbao, 27; en Barcelona y Valencia, 25 en cada caso; en Zaragoza, 23; y en Málaga, 15.
"La Ley se está aplicando con normalidad en todo el territorio español y supone una nueva herramienta que está dando sus frutos", valoró Comas, que destacó que todos los jueces se han pronunciado en el plazo máximo de 72 horas.
AUMENTAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACORDADAS
Además, subrayó que la proporción de veces en la que los jueces adoptan medidas de protección (casi un 80 por ciento) supone una inversión de los datos respecto a la situación que se producía con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Así, antes del 2 de agosto las cifras del CGPJ situaban en un 30 por ciento el número de veces en que los jueces adoptaban medidas cautelares de protección a la víctima.
A su juicio, este cambio se debe a que el legislador obliga a los jueces a pronunciarse sobre la adopción o no de estas medidas y a que lo debe hacer en un plazo máximo de 72 horas.
Por otro lado, destacó que el principal problema de aplicación de la norma ha sido la notificación de las medidas adoptadas por el juez a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación entre todos los cuerpos. En este sentido, señaló que la Comisión ha decidido aprobar un protocolo de coordinación, así como que sean las comunidades autónomas las que ubiquen el punto de coordinación para que todas las Administraciones Públicas accedan a estos datos.
REGISTRO CENTRAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Finalmente, Dorrego señaló que el Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas el Real-Decreto regulador del Registro Central de Violencia Doméstica, con todos los datos referidos a esta materia, que, en la práctica, ya está en funcionamiento desde que entró en vigor la normativa.
La Comisión de Seguimiento espera hacer un informe más exhaustivo, según comentó Comas, cuando la norma lleve en aplicación más tiempo, para poder analizar, entre otros, la tipología de las víctimas (en su mayoría mujeres, pero también ancianos y menores), o la ratificación de las medidas penales (15 días después) o civiles (un mes después) por el juez correspondiente.
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