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Fuente: Europa Press
La Cámara Alta introduce así tres modificaciones a la redacción de la Cámara Baja, que también han sido adoptadas con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Entre ellos, especifica que "en caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del Juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el Juez ante el que se haya solicitado la misma, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente".
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Además, los senadores acordaron también la introducción de una disposición adicional segunda que prevé la creación de una Comisión integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, de las profesiones jurídicas y de los ministerios de Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, así como por una representación de las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta Comisión hará un seguimiento de la implantación de la Ley.
Corresponderá también a este órgano la elaboración de los protocolos de alcance general de la implantación de la orden de protección, así como la adopción de instrumentos adecuados de coordinación que aseguren la efectividad de protección y seguridad adoptadas por los jueces y tribunales y las administraciones públicas competentes.
COMUNICACIÓN INMEDIATA
Por otro lado, también se introdujo otra enmienda de modificación con el objetivo de que la orden de protección sea notificada a las partes y comunicada inmediatamente por el juez mediante testimonio íntegro a la víctima y a todas las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección.
La Cámara Alta no atendió sin embargo la petición de la Asociación de Mujeres Juristas Themis de permitir que sea directamente la policía judicial la que adopte esta orden en el momento de la denuncia en lugar del juez. En cualquier caso, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios aseguraron que con las modificaciones introducidas se atiende a una mayor inmediatez y se aclaran lagunas recogidas en el texto remitido por la Cámara Baja, además de asegurarse el seguimiento de la implantación.
Todos los grupos parlamentarios se felicitaron del acuerdo alcanzado en ambas Cámaras, que permitirá la puesta en marcha de un estatuto integral de protección inmediata a las víctimas de la violencia doméstica, con la activación de todas las medidas de carácter civil, penal, social y económico que amparan a las mujeres maltratadas desde el momento de la denuncia. No obstante, las senadoras Inmaculada Loroño (PNV), Montserrat Lluch (ECP) y María Dolores Pérez (PSOE), advirtieron que sin la dotación adecuada de presupuestos se defraudará a las posibles beneficiarias, apuntó Europa Press.
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