Fuente: Estrella Digital
(...) La orden de protección para víctimas de violencia doméstica, que el lunes comenzó su tramitación parlamentaria y que entrará en vigor antes del verano, podría llegar a criminalizar las crisis matrimoniales debido a los retrasos que sufre el derecho de familia en España. Así lo destacó ayer el decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, durante su intervención en la mesa redonda sobre el menor en las crisis de convivencia familiar. Armengol recordó que las medidas provisionales en procesos de separación tardan hasta 8 meses en dictarse.En su opinión, "muchas mujeres podrían acudir al juez de instrucción alegando malos tratos para que éste dicte las medidas cautelares inmediatamente en lugar de esperar tanto tiempo". Además, señaló que deben ser los juzgados de familia, y no los de instrucción los que dicten medidas provisionales como la cesión del domicilio familiar o la pensión alimenticia.
Tampoco el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, se mostró muy conforme con la 'orden de protección'. "Los políticos se lanzan ahora a decir que están en contra de la violencia familiar, pero es el aparato de la Justicia el que está calentando la caldera de la violencia en la familia", subrayó. En definitiva, considera que son la falta de medios, que dilata los procesos, la que crispa la convivencia en las crisis matrimoniales.
En relación a los menores, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, señaló que el año pasado se ha incrementado en un 50 por ciento las consultas por crisis familiares a la Institución, que ya representan más del 12 por ciento del total. Además, un 5,5 por ciento de las llamadas son de menores, que en su mayoría expresan su angustia y sentimiento de culpa ante la separación de sus padres. En este sentido, piden la creación de más juzgados de familia (en el caso de Madrid que se doble el número), y la especialización de jueces, fiscales, letrados y equipos técnicos.
Ley de Mediación
Asimismo, consideran necesario que el Gobierno elabore una Ley de Mediación que permita a las partes, cuando no hay acuerdo (en más de un 30 por ciento de los casos) solucionar los conflictos antes de llegar a los tribunales. Otra medida apuntada por Zarraluqui sería la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para, en primer lugar, no hacer testificar a los hijos mayores de 12 años, cuando la separación es de mutuo acuerdo y, por otro lado, flexibilizar la concesión del domicilio familiar.
Es decir: estudiar en cada caso si se concede el domicilio familiar a la parte que tiene la custodia o a la otra parte. "Si los niños vienen con un pan debajo del brazo cuando nacen, cuando sus padres se separan vienen con un domicilio y una pensión -comentó-. Por ello, muchas veces son utilizados". En su opinión, hay que concienciar a los padres para que no se den "niñazos", lo que definió como utilizar a los hijos en contra del otro.
Desde el punto de vista psicológicos, el psiquiatra Juan José López Ibor, explicó una separación puede suponer para los hijos afectados más patología y además abandonan los estudios y se registran más embarazos. En su opinión, el estrés que genera la separación y sus consecuencias puede tratarse con los profesionales adecuados sin que deje secuelas a los menores.
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