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(...) Después de casi dos años y medio, que es el tiempo que lleva en vigor esta Ley, el informe explica en relación con las medidas de internamiento en régimen cerrado y semiabierto que "no existen plazas suficientes en los centros existentes", ya que algunas provincias no cuentan con estos centros donde cumplir la medida.
En estos casos, señala, se producen "retrasos excesivos" en el cumplimiento de la medida, al tener que recurrir a centros de provincias próximas solicitando la plaza, lo que puede provocar "el desarraigo familiar" y de su entorno del menor.
Destaca que esta situación ocasiona dilaciones durante el procedimiento y obliga a continuos traslados del menor, así como al juez de menores que debe visitar los centros de internamiento.
Tampoco hay plazas suficientes para aplicar las medidas de régimen abierto, por lo que en ocasiones deben cumplirse en centros cerrados, que no tienen equipos de educadores especializados. El informe, realizado con las informaciones remitidas por jueces de menores sobre 14 comunidades autónomas, expone que muchos de los centros carecen de medios para aplicar las medidas alternativas previstas en la Ley del Menor, como el trabajo en beneficio de la comunidad o los centros de día, lo que puede conducir a "la ineficacia de muchas medidas" o a que otras no puedan funcionar como el arresto de fin de semana.
Tampoco existen centros para prestar los servicios terapéuticos, sobre todo a menores con problemas de adicción a las drogas o con trastornos mentales, por explica que "los menores cuando se impone esta medida son remitidos a los Servicios de Salud generales, o a los centros privados que tienen concierto con la comunidad, lo que dificulta o deja sin toda su efectividad el tratamiento o la medida impuesta".
Antes estas carencias, los jueces de Menores reclaman que todas las provincias españolas tengan su propio centro, un aumento de los equipos y personal especializado, y que se alcancen convenios con ayuntamientos o instituciones donde puedan realizarse las prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad, entre otras medidas.
Además, se solicita un aumento de plantilla en muchos órganos judiciales y la especialización del personal mediante cursos de formación.
Uno de los vocales de la comisión de Seguimiento de la Ley, Félix Pantoja, estudia elevar al Pleno del CGPJ este informe para que se analice y se adopten en su caso las medidas necesarias para solventar estas carencias.
“LA LEY ES MEJORABLE”
El ministro de Justicia, José María Michavila, declaró el pasado 3 de junio que la Ley del Menor es "mejorable" y subrayó el esfuerzo de las comunidades autónomas para su aplicación, aunque reconoció que "unas lo hacen mejor que otras".
Michavila hizo estas declaraciones, antes de presidir el acto de celebración del XXV aniversario de la Mutualidad General Judicial, al ser preguntado sobre el informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se señala que existen problemas para la aplicación de la Ley del Menor ante la falta de centros de internamiento en muchas provincias.
El titular de Justicia dijo desconocer este informe, pero consideró que la Ley del Menor, aprobada en la pasada Legislatura, "es mejorable" y opinó que las comunidades autónomas "están haciendo un esfuerzo" para aplicarla. "Unas lo hacen mejor que otras, eso también es verdad, pero yo agradezco a todas el esfuerzo por aplicar esta ley", apostilló Michavila.
Indicó que la normativa "da una segunda oportunidad a muchas personas" que antes sólo tenían como única alternativa "ir a la cárcel o quedar impunes". Con la Ley del Menor, muchas comunidades autónomas, según el ministro, están rehabilitando a menores que antes "se convertían en carne de prisión de por vida", según EFE..
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