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Así lo expresó Salinas en la mesa redonda que ha analizado hoy en Granada el papel de las comunidades autónomas en la Administración de Justicia, en la que participaron la consejera andaluza de Justicia, Carmen Hermosín; el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Inmaculada Montalbán.
Salinas coincidió con Hermosín en la conveniencia de reducir "la pluralidad de instancias" dentro de la organización judicial española, una cuestión que, a su juicio, no queda bien resulta en el libro blanco de la Justicia.
En su opinión, con la implicación de las autonomías en la gestión judicial "nos estamos jugando su eficaz funcionamiento", y "sólo podrá funcionar realmente si se unifican los centros, y son las comunidades autónomas las que asumen toda esa gestión"
Así, "se evita lo que se está pretendiendo en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que se compartan esas facultades entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, porque siempre que intervienen muchas instancias hay descoordinación".
"Si las competencia pasan de manera plena a las comunidades autónomas tendremos una justicia más eficaz", apostilló Salinas antes de proponer la creación de una organismo "específico", con presencia de las autonomías, para coordinar entre el CGPJ y las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia el gobierno de los jueces.
Salinas considera que los tribunales superiores no tienen las competencias que "quería la Constitución" y admitió la existencia "de una mentalidad de temor" a que ello se produzca, así como "un problema político de fondo".
Sin embargo, la propia configuración del sistema judicial español le resta eficacia, añadió, y para fundamentar su argumento citó el sistema casacional al que se añaden "más años" de los necesarios para zanjar un asunto penal, que podrían reducirse otorgando más competencias a los tribunales superiores de justicia.
Para Fernando Salinas, en esos tribunales debe agotarse el sistema de recurso para dejar al Tribunal Supremo en su función originaria, esto es, "la unificación de doctrina".
En su opinión ocurre algo parecido con la gestión del personal que administra justicia en España, toda vez que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los secretarios judiciales del Ministerio de Justicia y los demás funcionarios de las comunidades autónomas con las competencia judiciales transferidas, informó EFE.
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