Agilización de trámites. Implicará la simplificación de los trámites administrativos, otorgándose validez de residencia y de permiso de trabajo a los visados de los extracomunitarios incluidos en el cupo. Una vez el inmigrante haya firmado el contrato en el país de origen y el consulado español le conceda el visado, este documento tendrá el efecto de un permiso laboral. En el nuevo visado, que deberá contar con un informe favorable del INEM, tendrá que constar, entre otros requisitos, el sector de actividad en el que va a estar empleado el inmigrante.

Empadronamiento. El nuevo texto incorpora los actuales criterios de empadronamiento de inmigrantes y supondrán un endurecimiento de estos requisitos. Para ello, la ley contiene medidas que obligarán a los ayuntamientos a cumplir con la norma de exigir a los extracomunitarios la presentación de un documento oficial expedido por las autoridades españolas, o por las de su propio país de origen, para ser empadronados en un municipio.

Incorporación de directivas comunitarias. La trasposición las directivas europeas permitirá agilizar los trámites de expulsión de los irregulares y el reconocimiento mutuo entre los Estados de la UE de estas resoluciones, así como el endurecimiento e implicación de los transportistas en la lucha contra la inmigración ilegal en el marco comunitario.

Incorporación del fallo del Tribunal Supremo. Se incluye la modificación y anulación de los preceptos que entendío el TS vulneraban los derechos de los inmigrantes ilegales referentes al internamiento y expulsión; así como la incorporación de la nueva regulación sobre reagrupamiento familiar.